Boletín AsoVAC, Caracas, 35, 22-25 (1997).

LA EVALUACIÓN ACADÉMICA EN LAS UNIVERSIDADES,
UNA SOPA DE LETRAS

Benjamín Scharifker
Departamento de Química, Universidad Simón Bolívar, Apartado 89000,
Caracas 1080-A. Fax: (02) 906 3961. Correo-e: benjamin@usb.ve

Durante la última década hemos desarrollado e implantado varios sistemas de evaluación y gratificación, para distinguir de una u otra forma a los individuos que dentro de las universidades desempeñan una función académica más o menos productiva. El objetivo de cada uno de estos esquemas es distinto y una peculiaridad interesante de su existencia es su variedad. El Programa de Promoción del Investigador (PPI) no es exclusivamente universitario, pero habiendo sido el primero de estos esquemas en aparecer, ha alcanzado cierta notoriedad. Clasifica a los investigadores fundamentalmente en consideración de sus contribuciones a la literatura científica. El Bono de Rendimiento Académico (BRA) y el Bono de Reconocimiento Académico (BRec) vigentes en la Universidad Simón Bolívar son respuestas locales a la necesidad de una evaluación integral. El primero se otorga fundamentalmente a profesores con alguna producción científica, que cumplan satisfactoriamente sus asignaciones docentes y que no presenten retrasos en su ubicación escalafonaria; del segundo no hay mucho que decir que tenga que ver con evaluación de desempeño. Los Programas de Estímulo a los Investigadores (PEI) implantados en la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Los Andes constituyen otro tipo de respuestas locales, que reconocen, como el PPI pero con otros baremos, la producción científica. El Beneficio Académico (BA), o los Beneficios Académicos, porque su aplicación es diferente en las diferentes regiones del país, son ejercicios de otra índole, que incorporan algunos productos de la docencia, investigación, extensión y administración universitaria. No es mi intención ni aquí hay espacio suficiente para describirlos ni discutirlos en detalle en este momento, pero vale la pena notar que definirlos por sus siglas implica usar el 26% de las letras de nuestro alfabeto, una proporción que es comparable con la del esfuerzo desplegado por las universidades en administrarlos. Circunscribiendo nuestra estimación a las horas invertidas por los aspirantes en preparar sus respectivos expedientes y por los miembros de las múltiples comisiones evaluadoras en diseñar estos ingeniosos mecanismos y revisar los recaudos presentados, y por lo tanto excluyendo las acaloradas discusiones de cafetín y los múltiples foros que preceden y provocan la aplicación de estos instrumentos, encontramos que si todos los profesores universitarios aspiraran al BA y al PPI, por ejemplo, se consumiría al menos un 10% del tiempo útil profesoral solamente en administrar estos esquemas.

El ejemplo anterior es tan sólo un argumento para plantear la necesidad de encontrar alternativas más eficientes de evaluar la idoneidad de nuestras instituciones universitarias y sus integrantes. La historia apócrifa que sigue está destinada a esclarecer a los escépticos.

La Universidad Nacional Experimental del Sur Este (UNESE) fue establecida por decreto presidencial para atender la creciente demanda de altos estudios de la población de ese sector de la ciudad –y al igual que las demás universidades del país– para satisfacer la imperiosa necesidad de formar los recursos humanos altamente calificados que requiere el desarrollo del país (Importante: UNESE no existe y es obra de la fantasía, cualquier semejanza es pura coincidencia). En los años subsiguientes al decreto de su fundación, el Congreso Nacional se encargó de entregar a través de partidas asignadas al Ministerio de Educación los presupuestos requeridos para su funcionamiento y de esa manera UNESE junto a las demás instituciones de educación superior se unió a la noble tarea de crear conocimientos y acrecentar el capital humano. En sucesivos informes que reposan en los archivos la Oficina de Planificación del Sector Universitario, UNESE rindió cuenta de sus alumnos inscritos y egresados en sus diversos programas de pre y post grado, así como del número, preparación académica y clasificación de su planta profesoral. Independientemente del contenido de esos informes, del número grande o pequeño de sus egresados, de la calidad del desempeño de éstos en el campo laboral o de su demanda por parte de los empleadores, de las contribuciones al conocimiento local o universal y de las tecnologías desarrolladas en sus laboratorios y talleres, de la calidad y oportunidad de sus servicios técnicos, de asesoría y extensión, UNESE recibe, desde su creación por decreto presidencial, una alícuota histórica de los recursos que el Estado asigna a la educación superior. No podría ser de otra manera porque, a pesar de la sopa de letras de los esquemas de evaluación del esfuerzo individual que hemos creado, no disponemos de instrumentos confiables que permitan determinar el valor de la actividad y esfuerzo consumidos en las instituciones universitarias, a fin de establecer su productividad y eficiencia y asignarles recursos en consideración a ellas.

No obstante la autenticidad del párrafo precedente, la década de los noventa fue testigo de ensayos dirigidos, de alguna manera, a distribuir recursos destinados a investigación y postgrado en atención a la dimensión de estas actividades en las diferentes instituciones. Con la así llamada metodología de Puerto La Cruz se definieron ‘índices variables’ que sumaban a los ‘costos rígidos’ y a los ‘índices fijos’ cantidades que crecían de acuerdo a la adscripción de su personal al PPI y a sus egresados de postgrado, y que eran más cuantiosas cuanto mayor fuera la institución. Siguiendo la parábola de San Mateo, es fácil constatar el diferente valor monetario que la metodología de Puerto La Cruz asignó a un PPI o a un egresado de postgrado de una institución con respecto a otra. Las disparidades son espeluznantes y restan credibilidad a la validez de este tipo de fórmulas.

Es necesario definir alternativas más eficientes para evaluar la idoneidad de nuestras instituciones universitarias. Por un lado, el tiempo que dedicamos a las evaluaciones es, en buena medida, tiempo que restamos a las actividades académicas productivas (una extrapolación simple permite prever que cuando la sopa de letras consuma, digamos, el 80% del alfabeto, quedará poco tiempo para enseñar o investigar), por lo que es forzosamente habrá que optimizarlas. Por otro lado, las estadísticas muestran que la evaluación del desempeño individual ha contribuido poco al mejoramiento del aún muy pobre desempeño global de las instituciones. Menos del 5% de los profesores universitarios del país, por ejemplo, han sido acreditados como investigadores activos por el PPI o han recibido el aval de los Beneficios Académicos. La producción científica venezolana se encuentra estancada y es aún significativamente menor que la de otros países de la región. Argentina Brasil y México, por ejemplo, han aumentado el número de sus publicaciones científicas a una tasa interanual del 16% entre 1994 y 1996, mientras que las de Colombia han crecido al 24% y las de Venezuela en un modesto 10% anual. Otros análisis basados en indicadores más relevantes a la capacitación de la población posiblemente arrojen resultados similares.
El problema de la relación costo/beneficio de las universidades no es sólo nuestro y difícilmente se ha logrado mejorar la situación aplicando solamente medidas parciales o locales, sin someterlo a un análisis global del cual surjan reformas más o menos profundas. Debido a la autonomía propia de las universidades y a su resistencia natural al cambio, los beneficios más importantes no se observan inmediatamente. El curso a seguir por supuesto depende de las características particulares del problema y en distintos países lo han enfrentado de diversas maneras. La incorporación de España hace unos veinte años a la Comunidad Europea, por ejemplo, hizo necesaria una rápida mejora de sus instituciones académicas, lo cual llevó a modificaciones substanciales de los mecanismos de incorporación y ascenso del personal académico y financiamiento a la investigación en universidades e institutos de investigación. España logró desde ese entonces aumentar, de una forma muy importante y sostenida en el tiempo, la eficiencia y productividad de sus instituciones académicas. Otra alternativa, que responde a la aspiración británica de obtener un mayor provecho económico de sus capacidades científicas y tecnológicas y dirigir la generación de conocimientos y capital humano hacia la generación de riqueza, ha sido aplicada recientemente en el Reino Unido. Consiste en estimar la producción de cada uno de los departamentos en las diferentes universidades con indicadores estandarizados y establecer criterios de financiamiento en base a los resultados obtenidos. El resultado inmediato del ejercicio ha sido la tendencia hacia la desaparición de los departamentos más débiles y el fortalecimiento de los más destacados, pero ese trastorno se espera que se vea compensado por un aumento de la eficiencia global del sistema universitario con respecto al objetivo de que la investigación y el desarrollo tengan un mayor impacto sobre el crecimiento de la economía de ese país.

Las evaluaciones del desempeño individual, en resumidas cuentas, seguramente reconocen el esfuerzo de las personas que laboran en las universidades y pueden cumplir un papel importante al establecer gratificaciones, pero la mejora substancial de la eficiencia de las instituciones universitarias requiere de acciones mucho más profundas, dirigidas a cumplir con objetivos claramente establecidos. Uno pudiera seguir un camino reduccionista y argumentar que si la suma de los desempeños individuales aumenta, entonces la eficiencia de las instituciones también debiera ser mayor, pero esto no es necesariamente cierto a menos que las evaluaciones del desempeño individual se realicen en función de objetivos institucionales claramente establecidos. Llegamos entonces a la conclusión de que para "mejorar" la eficiencia de las universidades se necesita definir diáfanamente qué es lo que se requiere mejorar y hacia dónde; el segundo paso es diseñar y aplicar las estrategias para lograrlo.

Entre los aspectos a considerar están los mecanismos de instrumentación de los esquemas para ese mejoramiento global de la eficiencia y productividad de las universidades. La práctica usual es la de nombrar comités que representen e integren los intereses de las diferentes instituciones, con lo cual por lo general se minimizan las inconformidades. Pero dejando de lado esta complacencia y planteando el ejercicio de evaluación como un instrumento para establecer un sentido más claro al esfuerzo desplegado por las universidades, hallaremos la necesidad de administrarlo externamente, coordinándolo a través de algún órgano independiente de ellas.

La reciente dotación por parte del Ministerio de Educación de ocho millardos de bolívares para un Fondo de Desarrollo Académico de las universidades agrega las siglas FDA a nuestra sopa de letras, pero también abre una oportunidad novedosa en el sentido expuesto, dado que se trata en este caso de estimar la labor realizada por las instituciones académicas en su conjunto, en vez de analizar aisladamente los esfuerzos de los individuos que las componen. Alicia [Lewis Carroll, Alice's Adventures in Wonderland, Cap. 2, ‘The Pool of Tears’], cansada de nadar en su mar de lágrimas, le preguntó al ratón que chapoteaba a su lado cómo salir de ahí. La respuesta es larga pero tiene que ver con el tema de este Boletín. Para que el ejercicio tenga más impacto que aumentar hasta el 33% la proporción del alfabeto utilizado en definir con siglas los esquemas de evaluación y sustraer más tiempo a la docencia y la investigación, valdría la pena preguntarnos cuáles son las metas a alcanzar y hasta dónde estamos dispuestos a llegar para lograrlas.